Un informe internacional sobre libertades económicas sitúa a Guatemala entre las 30 economías mejor evaluadas en libertad económica, mientras que alerta sobre avances insuficientes en el aspecto de Estado de derecho. La publicación, que analiza distintos indicadores, coloca al país en un grupo de naciones con mayores libertades para hacer negocios, inversión y propiedad, pero con desafíos en la seguridad jurídica y la previsibilidad de las normas.
Qué señala el informe sobre libertad económica y Estado de derecho
El análisis destaca que Guatemala mantiene puntuaciones relativamente positivas en variables relacionadas con apertura comercial, competencia y gasto público eficiente, lo que se traduce en un entorno favorable para la actividad empresarial. No obstante, el mismo documento advierte que el progreso en el componente de Estado de derecho no ha sido suficiente, afectando la confianza de inversionistas y ciudadanos a la hora de exigir justicia, seguridad jurídica y cumplimiento de contratos.
Impactos para la economía y el futuro político
Expertos señalan que, aunque la libertad económica puede impulsar el crecimiento y la inversión, las deficiencias en Estado de derecho podrían limitar la calidad del desarrollo y la eficiencia de las políticas públicas. Entre los retos identificados figuran la seguridad jurídica, la eficiencia del sistema judicial y la estabilidad institucional, áreas cruciales para un marco normativo predecible a mediano plazo.
Perspectivas y próximos pasos
El informe invita a reforzar la confianza institucional y a impulsar reformas que fortalezcan la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la transparencia en la toma de decisiones. A nivel político y económico, se destacan medidas orientadas a mejorar la seguridad jurídica sin frenar la competencia ni la inversión extranjera, factores clave para sostener el avance en libertad económica.
«La libertad económica puede avanzar sin un sólido Estado de derecho, pero para un crecimiento sostenible se necesita institucionalidad y seguridad jurídica que respalden las reglas del juego».
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Fuente: La Hora
