El Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al Gobierno para identificar a los beneficiarios de la llamada “ley de nietos” y facilitar la lista de los 163.000 afectados. En una resolución reciente, el Alto Tribunal exige a la ministra de Defensa y a la de Justicia que envíen, en un plazo máximo de cinco días, los datos solicitados para evitar posibles multas y responsabilidad penal. La decisión añade presión a las carteras implicadas en la gestión de estos expedientes y subraya la importancia de transparencia en el proceso que regula la adquisición de la nacionalidad por descendencia.
Qué revelan los plazos y cuál es la obligación de Bolaños y Albares
La orden judicial especifica que los ministerios deben remitir nombres, apellidos y otros datos relevantes de las personas afectadas por la reforma conocida como ley de nietos. El objetivo es esclarecer cuántos ciudadanos, registrados como nacionalizados por esta vía, se encuentran en situación de posible revisión. El Supremo advierte de posibles consecuencias penales para los responsables si persiste la negativa a facilitar la información o incumple con el mandato de entrega.
Contexto y próximos pasos
La “ley de nietos” ha estado en el centro del debate público por su impacto en el colectivo de solicitantes y por las dudas sobre el alcance de sus beneficios. Con este ultimátum, el Supremo busca acelerar el escrutinio y garantizar que el proceso se ajuste a las normas legales vigentes. Se espera que las entidades citadas cumplan con la fecha límite para evitar actuaciones administrativas o judiciales adicionales.
La transparencia y la celeridad en la entrega de datos son clave para garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes y el correcto cumplimiento de la ley por parte de las autoridades.
Lee también:
- La entrega de las Medallas de Asturias 2026, en directo por RTVE
- El parque Manuel Barquín incorpora historia y biodiversidad gracias a un proyecto del alumnado
Fuente: El Confidencial
