Según informes, el Partido Colorado anunció su apoyo al inicio de un juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, vinculado al caso Ueno Bank, considerado por algunos sectores como el mayor escándalo financiero del país en los últimos años. El titular del partido y mentor de Peña, Horacio Cartes, dijo que acompañarán el proceso con el objetivo de reencauzar la institucionalidad, y afirmó que no estarán del lado de posibles ilícitos con fondos públicos o privados.
La Cámara de Diputados abrió una sesión extraordinaria para tratar la acusación, y las bancadas aliadas ANR “A” y Honor Colorado indicaron que votarán a favor. En paralelo, el presidente del Senado pidió al mandatario que renuncie o se someta al proceso, mientras la Cámara alta señaló que Peña podría exponer su inocencia durante el desarrollo del juicio.
Contexto y acusaciones
La crisis se desató cuando el Banco Central ordenó intervenir y disolver Ueno Bank, alegando un índice de solvencia por debajo del mínimo permitido. El banco manejaba fondos públicos y contaba con millones de clientes a nivel nacional. Según informes judiciales, la Fiscalía investiga a varias personas por presuntas irregularidades en préstamos y sobregiros otorgados al conglomerado económico vinculado a la entidad.
El presidente de la entidad y otros directivos quedaron detenidos o bajo medidas cautelares, y se anunciaron cambios en la conducción del Banco Central. En respuesta, Peña solicitó una ley de emergencia para adelantar pagos a ahorristas y designó a un economista al frente del Banco Central, mientras se mantiene la tensión política sobre su figura.
Reacciones y próximos pasos
Analistas citados por medios locales señalaban que la acusación contra Peña se fundamenta en su relación anterior con la holding propietaria de la entidad y en su posible participación en decisiones de crédito. Se destacó que la resolución de este caso podría marcar un antes y un después en la relación entre los poderes en Paraguay, y que las próximas semanas serán decisivas para el desarrollo del proceso.
Según economistas consultados, las pruebas principales apuntan a posibles conflictos de interés y a la gestión de fondos públicos en un banco ligado al entorno del presidente.
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Fuente: Canal Cuéntalo
