Según informes oficiales difundidos el 3 de noviembre, Haití impulsa una estrategia nacional para recuperar los territorios controlados por pandillas y garantizar la seguridad de la población. Las autoridades señalan que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Supresión de Pandillas trabajan de forma coordinada para neutralizar a los grupos armados y restablecer la autoridad del Estado en las zonas afectadas.
Se indican ya operaciones en Kenscoff y Gressier, con planes de ampliar las intervenciones principalmente en los departamentos del Oeste, Artibonito y Centro. El comunicado enfatiza que la cooperación de organismos internacionales y de socios no sustituye al liderazgo político y estratégico del Estado haitiano. El mensaje oficial es claro: el Estado no renunciará a ningún territorio, y los grupos armados no pueden imponer su ley.
Fortalecimiento institucional y garantías a la población
El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció la atención de distintos actores regionales y afirmó que la acción se dirige contra las pandillas, no contra la población civil. En sus declaraciones subrayó el compromiso de proteger a los civiles y garantizar que las operaciones se desarrollen conforme a la legalidad y a los compromisos internacionales. Además, mencionó que la respuesta busca evitar abusos y respetar los derechos humanos.
En el marco de la estrategia, el Gobierno señala un reforzamiento de las fuerzas nacionales mediante reclutamiento, capacitación y equipamiento. Según el comunicado oficial, ya se han incorporado más de 3.258 nuevos policías en tres promociones, y una nueva cohorte de 1.189 elementos se graduó recientemente. En cuanto a las Fuerzas Armadas, se reportó la entrada de 341 nuevos soldados en agosto, con 667 reclutas en formación y un incremento de la inscripción ciudadana para integrar un contingente que podría alcanzar 15.000 efectivos. Asimismo, se menciona la disponibilidad de más de 100 vehículos blindados para las operaciones, con 40 de ellos llegados el mes anterior, financiados por el propio gobierno.
Según fuentes cercanas, la coordinación con organismos internacionales busca garantizar supervisión y transparencia en las acciones, sin que ello signifique transferencia de autoridad. Las autoridades reiteran que la prioridad es restaurar servicios básicos, seguridad y derechos de los habitantes de las zonas afectadas.
El Estado haitiano no renunciará a ningún territorio. La seguridad y la protección de la población son la prioridad, y las operaciones deben respetar la legalidad y los compromisos internacionales.
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Fuente: Canal Cuéntalo
